Justicia social, firmeza
y compromiso humano
Justicia y convicción
Soy abogada de profesión desde 1995, con estudios en economía nacional, comercio y economia internacional, derecho constitucional. Desde 2013 acredité para ser Juez de la República, mediante concurso de oposición, actividad que ejerzo actualmente en sala de apelación con especialización en el área laboral. En un período de dos años ejercí la función de Ministra de Estado en la cartera de trabajo. Pertenezco a varias organizaciones sociales de mujeres, gremio profesional de abogados y la academía internacional de derecho laboral. Seguiré guiada por la justicia social, la firmeza y compromiso social a fin de que la vigencia de los derechos y el fortalecimiento de las instituciones en el Ecuador sean realidades posibles. Contribuyo para aquello, ese es mi compromiso diario, como lo he realizado por años.
Premios y
reconocimientos
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Reconocimiento otorgado por el Instituto Geográfico Militar (IGM)
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Este galardón exalta su destacada trayectoria y su incansable labor en la defensa de la legalidad, consolidándola como un referente de liderazgo femenino y ética profesional en el Ecuador.
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En reconocimiento al impulso y creación del trabajo digno para jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mauyores
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Por trayectoria a favor de las libertades individuales, colectivas y derechos laborales
Preguntas frecuentes
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El cumplimiento del estado de derecho, pero no solo por el respeto a las normas legales que lo rigen, sino en el impulso de hacer posible la efectividad de los derechos de todos a quienes protege, porque de esta manera se construye y fortalece la sociedad democrática, participativa, inclusiva y de respeto al contrario.
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Hablar de la justicia en Ecuador, es referirnos, sin duda alguna, a la crisis estructural que atraviesa y que nació en el año 2008, continuó con el surgimiento del Código Orgánico de la Función Judicial en 2009 y se incrementó con las reformas a este ordenamiento jurídico en 2015, después de la consulta popular. En el ministerio se reflejó aquello, en varias ocasiones lo expresé. Se deben derogar legislaciones que violan derechos laborales, como la Ley Orgánica del Sector Público, que no genera estabilidad para los funcionarios que trabajan en el Estado; también la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que nació para interpretar el art. 169.6 del Código del Trabajo, generando más inestabilidad a los trabajadores y creando modalidad contractual innecesariamente.
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Está lleno de incertidumbres y así continuará sino se presentan en corto tiempo cambios estructurales, la desconfianza aumenta. Se debe cumplir con los principios de Bangalore, en donde además, se advierte que la autoridad moral y la integridad del poder judicial son de importancia en la sociedad democrática y moderna. Los jueces jugamos un papel esencial, porque debemos siempre respetar y honrar las funciones jurisdiccionales, como tarea pública. En el campo laboral, se tiene que estar acorde a las necesidades que genera el sistema productivo de nuestra economía, impulsando siempre el empleo digno como obligación del Estado de Derecho.
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La ética es un comportamiento humano relacionado a las acciones personales, van interlazados en la función pública por los actores que son: los funcionarios y la ciudadanía. Con una atención oportuna, ágil, de calidad y también con pristina ayuda a quien la requiere, ningún trámite y menos una respuesta del sector público debe tener ni dilaciones y menos dudas. El ciudadano que acude a la función pública por atención debe ser recibido con respeto, todos son iguales, el que atiende y el atendido, no debe haber menoscabo de derechos. No hay ciudadanos de categorías excluyentes. La ética es una norma conductual del bien humano.
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La gestión pública es una etapa, pero el trabajo por un país más justo es permanente. Hoy, desde mi práctica profesional y académica, sigo abierta a nuevas ideas y proyectos que busquen transformar nuestra realidad social y jurídica.
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